La Cámara de Diputados italiana ha aprobado un nuevo decreto de seguridad que ha levantado dudas por su constitucionalidad y que ha obligado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni a corregir en el último minuto varias de sus disposiciones, entre ellas detalles de la polémica retribución de 615 euros a abogados que prioricen casos de repatriación voluntaria de migrantes irregulares.
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