Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado este lunes un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la Unión Europea y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios –siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania–.
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