La Unión Europea ha condenado la congelación por orden judicial de las cuentas bancarias de siete ONG acusadas en Georgia de financiar las protestas contra el Gobierno y ha denunciado que «es otro asalto a los derechos fundamentales y una utilización del sistema judicial como herramienta de represión», con el objetivo de «silenciar y castigar a las voces disidentes».
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